Publicación original: https://es.panampost.com/hugo-pereira/2020/04/29/espana-ya-tiene-tintes-dictatoriales-con-el-gobierno-de-sanchez-e-iglesias/
El Ministro de Interior español, Fernando Grande-Marlaska, tachó de “lapsus” las palabras del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, quien en una rueda de prensa oficial y leída, aseguró que uno de sus cometidos era y sigue siendo «controlar las críticas al Gobierno de España y minorar su intensidad y efectos». En otras palabras, la Guardia Civil tiene por objetivo controlar a los que somos críticos con Sánchez e Iglesias y actuar como una verdadera Policía política.
Esto no es nadas nuevo en la historia, múltiples dictadores, algunos de ellos de ideología comunista, ya han aplicado la censura y la persecución de los disidentes en sus sanguinarios regímenes. Lo que Sánchez está haciendo, ni más ni menos, es amoldar España para que la única verdad y moral legítima sea la socialista-comunista. Y todos los que no comulguemos con tal ideología que aspira al totalitarismo estatista y bajo la que se sustentaron las más genocidas tiranías, seremos penalmente castigados y acusados de decir lo que el propio Gobierno tilda de “bulo” o tachados de querer subvertir el régimen por ir en contra de la verdad oficial. Lo que el régimen de Sánchez busca, con el apoyo de su extenso aparato mediático, es provocar la muerte civil de periodistas, economistas y demás personas críticas con su Gobierno.
Y no. No son lapsus, señor Marlaska. Es una verdadera operación encubierta en la que se está poniendo en jaque nuestra libertad de expresión y de opinión. Y es verdaderamente importante que toda la comunidad internacional esté al tanto de esta operación y que, nosotros, los nacionales, alcemos la voz para impedir que nuestras libertades fundamentales se vean coartadas por este Gobierno. En este sentido, la oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), que depende de la Secretaría de Estado de Seguridad, y el propio Centro Criptológico Nacional (CNN), que depende del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), están embarcados en una verdadera misión de perseguir lo que el Gobierno de Sánchez e Iglesias deciden catalogar como “fake news”. Es evidente que una cosa es luchar contra las fake news y otra muy distinta calificar de fake news la mayor parte de críticas contra el Gobierno y legitimar, bajo esa forma, su persecución.
Lo primero es criticable, si permitiésemos difundir libremente las fakes news, la gente pasaría a no dar una veracidad innata a un contenido publicado en internet y, por tanto, acabaríamos con el efecto desinformador de las fake news, y lo segundo es claramente querer instaurar una verdadera dictadura en la que la única información permitida sea la oficial y la que beneficie al Gobierno. Y esto último es lo que precisamente buscan Sánchez e Iglesias.
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dependiente del Gobierno de España, incluyó en una encuesta que conocimos el pasado miércoles 15 de abril una pregunta mal redactada, mal formulada y con la clara intención de legitimar que la única fuente de información y de verdad sea el Gobierno. Juzguen ustedes mismos. La pregunta se formuló en estos términos: “¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener la libertad total para la difusión de noticias e informaciones?”.
Como se puede claramente comprobar, esta pregunta, reitero, formulada en una encuesta oficial de un organismo dependiente del Gobierno, atenta contra el derecho fundamental de libertad de información recogido en el artículo 20 de nuestra Ley Fundamental. Para poder ejecutar y poner en marcha la censura informativa, el Gobierno ha encargado una importante tarea al Ministerio de Interior que finalmente ha derivado a la Oficina de Coordinación Cibernética (un grupo formado por Policía Nacional y Guardia Civil); el objetivo es claro: rastrear las redes para localizar lo que el Gobierno determina como bulos o como una información con capacidad potencial para causar daño al Estado. En otras palabras, al Gobierno.
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